Arturo Fernández, concuñado de Díaz Ferrán, es ser servil con los políticos, especialmente con los del PP. Motivos tiene. En la foto, cuchicheando con Esperanza Aguirre
Arturo Fernández Álvarez es vicepresidente de la CEOE, presidente de CEIM, presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, miembro del comité ejecutivo de IFEMA, exconsejero de Bankia (cobró en el último ejercicio 263.000€) y propietario del Grupo Arturo Cantoblanco con negocios en restauración, hoteles, un monasterio, estaciones de servicio, hospital de Vallecas y varios colegios concertados en la Comunidad de Madrid. Ha ido sucediendo en los cargos a Díaz Ferrán. Vidas paralelas.
Arturo Fernández Álvarez ha ido montando sus negocios sobre concesiones administrativas, como su concuñado Díaz Ferrán, y los tiene organizados en una cincuentena de empresas con nombres muy similares. Informaciones muy actuales hablan de una deuda de 2,7 millones de euros con Tourespaña y de 2 millones con IFEMA, de la que es miembro del comité ejecutivo y accionista a través de la Cámara de Comercio. También se dan cifras de su deuda con la Seguridad Social, que ascendería a 544.215
También se comentan sus donativos -y los de Díaz Ferrán- a la Fundación del PP, FUNDESCAM, en la época del "Tamayazo", y la relación de compañero de pupitre de Esperanza Aguirre, aunque, si son ciertas las edades, Arturo nació el 1 de enero de 1945 y Esperanza el 3 de enero de 1952, por lo que no debieron coincidir en la clase. Pero sí hay coincidencia en la historia familiar, que salta en las biografías de los abuelos a ellos. Arturo, el abuelo armero, fue el que compró la finca de Cantoblanco e inició el negocio del restaurante y campo de tiro; José Luis Aguirre Martos, abuelo de Esperanza, fue el que compró la famosa finca de El Escorial e inició el negocio familiar del combustible.
Invertir en colegios: cuestión de rentabilidad
A partir de 2005 decide diversificar sus negocios e invertir en colegios concertados, sin duda animado por E. Aguirre, que está lanzada a incrementar la enseñanza privada y reducir la pública. El proceso es el preferido de estos empresarios y políticos neoliberales nacionales: ceder los recursos públicos a empresarios privados. De esta forma, Arturo Fernández, incrementa su cuota de concesiones públicas: la administración le cede suelo público, con un canon muy bajo, y le concierta el centro de antemano. Luego, como dijo Arturo, es "cuestión de rentabilidad".
El Grupo Arturo Cantoblanco y Gecesa (Gestión de centros educativos), al 50 %, se lanzan a la operación y en breve tiempo ponen en funcionamiento seis colegios concertados: El Parque (Galapagar), Peñalvento (Colmenar Viejo), Valdefuentes(Sanchinarro), Torrevilano (Ensanche de Vallecas), Peñalar (Torrelodones) yMontesclaros (Cerceda). Tienen algunas obras prometidas por terminar: piscina, polideportivo. El caso más significativo es el de Peñalar, con 17.000 m2 de suelo cedido por 75 años por el ayuntamiento con un canon anual de 497.169 € y que le ha reducido en 2010, la mayoría del PP, a 263.649 €. Tiene una deuda con el municipio de 980.747 €. La justificación del consistorio para reducirle el canon fue "por interés público de los vecinos del municipio" y así le podrían concertar el nivel 3-6 años, que lo tenía libre, para más rentabilidad. Pero, por la crisis -según el consistorio-, faltan plazas públicas de este nivel.
Se ha producido una reestructuración empresarial desde 2012 y Arturo Fernández se ha quedado con el cien por cien de los colegios Peñalvento y Peñalar y GECESA con los otros cuatro. El ideario de los centros es de inspiración cristiana.
Personal de los colegios: salario completo en A y seguridad social.
(ccaa.elpais.com)
El profesorado y personal de administración de estos centros están recibiendo el salario completo en nómina, sin sobres aparte, y tienen las cuotas de la Seguridad Social ingresadas. También los gastos de funcionamiento se les pagan, aunque estos los pueden recibir con retraso por culpa de la Comunidad de Madrid.
Esto se debe a la regulación que, por primera vez, se hizo de los conciertos en la LODE (1985), vigente en la LOE (Art. 115-117), y que establece:
-los salarios del profesorado con la cotización patronal a la Seguridad Social;
- otras cantidades para el personal de administración y servicios, las ordinarias de mantenimiento, conservación y funcionamiento, reposición de inversiones reales, función directiva docente y la no docente, antigüedad del personal docente y cuotas a la S.S., sustituciones de profesorado y ejercicio de derechos laborales y sindicales;
- "los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro".
Estas medidas se plasmaron en ley porque la educación es un servicio público fundamental y por la experiencia del funcionamiento de las subvenciones en la era franquista, subvenciones al precio con casi nulo control y que daban lugar a impagos de los salarios o pagos por cantidades inferiores a las recibidas como subvención, impagos a la Seguridad Social o cotización por categorías inferiores. A esto había que añadir la falta de control en la titulación obligatoria del profesorado.
El cheque escolar.
La LODE fue recurrida por Alianza Popular y plantearon seis motivos, pero cabe resaltar el 3º:"Se establecen requisitos de orden económico-financiero que limitan gravemente el acceso a las ayudas públicas". Aclaraba que se cerraba la posibilidad de lucro empresarial y eliminaba el libre acceso al concierto de todas las empresas privadas de carácter industrial o mercantil, o que privaba a las empresas concertadas del beneficio empresarial en actividades que no son objeto de concierto pese a ser voluntarias, estar autorizadas por la administración y propuestas por el consejo escolar del centro (aunque en otro motivo rechazaban las competencias de este).
Rechazado el recurso por el Tribunal Constitucional, se inició la campaña a favor de la alternativa, el "cheque escolar" y contra el "pago delegado". Se entregaría ese cheque a las familias y estas elegirían el centro, dando así cumplimiento a la total libertad de elección de centro y al libre funcionamiento de estos. De esta forma se vendría a cumplir lo propuesto en el recurso de AP: el lucro empresarial y la participación en este negocio nuevo de empresas privadas de carácter industrial o mercantil, léase Grupo Arturo Cantoblanco.
En conclusión, Arturo Fernández no crea un colegio libre, privado, a lo que tiene derecho y sería autorizado, y tendría libertad total para establecer ideario, precios, actividades, etc. No; él no arriesga nada o casi nada. Va a lo seguro, a la concesión administrativa, como las que tiene en los varios organismos oficiales; pero esta es mejor, ya que le ceden suelo público con muy bajo canon o alquiler, a 75 años, y pago de los gastos de personal y mantenimiento. A cambio, se establecieron esas condiciones del "pago delegado" y el control de la gestión de esos fondos públicos, que quieren quitar. Esa es la salvación de los trabajadores de los colegios, porque es un servicio público fundamental, como reconoce la concejala de educación de Torrelodones al pedir la rebaja del canon: "por interés público de los vecinos del municipio", para que concierte el nivel 3-6 años, porque en esa etapa se sacan muchos beneficios si es precio libre. Parafraseando los dibujos animados, "malditos roedores" neoliberales.
Por Ángel Sabín
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